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El Gobierno aprobó el pasado julio la puesta en marcha del PERTE del vehículo eléctrico y conectado; a finales de noviembre, el plan de salud de vanguardia; y esta misma semana, el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. En total, los tres proyectos estratégicos aspiran a movilizar casi 41.800 millones de euros en inversiones públicas y privadas en los próximos años: unos 12.100 millones de recursos públicos, singularmente los fondos europeos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR); y otros 29.700 millones de inversiones del sector privado.

El Ejecutivo ahora pretende lanzar otros cuatro nuevos proyectos muy a corto plazo. Hasta el momento, Moncloa ya había anunciado que tenía en estudio el PERTE aeroespacial, el de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible, y el de la nueva economía de la lengua española. Esta misma semana el presidente Pedro Sánchez desveló la preparación de un cuarto PERTE adicional vinculado a la economía social de los cuidados.

BRUSELAS DA EL VISTO BUENO

La espita que ha desatascado la aprobación de los nuevos proyectos viene de Bruselas. La Comisión Europea dio la pasada semana su primer visto bueno a uno de los PERTE españoles. Un bálsamo tras meses de duras negociaciones durante las que la Comisión mantenía serias dudas sobre el esquema de ayudas públicas contemplado en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. El Gobierno aprobó el ‘megaproyecto’ de la automoción -con el que pretende movilizar más de 24.000 millones de inversiones públicas y privadas- el pasado julio y hasta ahora no había conseguido recibir el plácet comunitario.

La aprobación por parte de Bruselas suponía del balón de oxígeno para el Ejecutivo español al dar un impulso al resto de PERTE en cartera. El Ejecutivo ha estado presionando desde el verano a la Comisión Europea para que aclarara de una vez el marco de ayudas públicas que se podrá utilizar en los mastodónticos proyectos de los PERTE y fijara los límites para los que se podrán repartir las subvenciones sin necesidad de pasar por el filtro de Bruselas y sin tener que contar con su aprobación formal.

El resto de proyectos estaban a la espera de que la Comisión Europea diera el sí al PERTE de automoción para que sirviera de guía para establecer las ayudas públicas para todos los demás cuando se superaban determinados importes. De ahí las presiones para conseguir cierta laxitud en el reparto de las ayudas, que han venido siendo ejercidas por los Ministerios implicados en la aprobación de los PERTE pendientes, y que también ha estado encargando el Gobierno a otras instituciones y reguladores españoles en cada encuentro que mantenían con representantes de la Comisión Europea.

La Comisión Europea avala que estas ayudas públicas se concedan mediante un proceso de selección competitivo, y en forma de subvenciones directas y de préstamos preferentes en condiciones favorables. Las ayudas deberán estar abiertas a consorcios de empresas tanto españolas como extranjeras. Cada consorcio tiene que incluir empresas activas en distintos sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40% de los socios deberán ser pymes.

Cuando el presidente Pedro Sánchez presentó el proyecto de automoción el pasado julio, aun no estando todavía en marcha, sorprendentemente anticipó la participación protagónica en el PERTE de Seat y de otra quincena de empresas, entre las que se encontraban Iberdrola, Telefónica o CaixaBank. Un anuncio que agitó los ánimos de algunas compañías competidoras también dispuestas a participar en la iniciativa y que también rechinó en Bruselas.

No todas las ayudas de los PERTE necesitan el visto bueno de Bruselas. Según destacan fuentes gubernamentales, algunos de los grandes proyectos no estarán obligados a hacer una notificación global a la Comisión Europea para conseguir el aval oficial y sólo se tendrán que notificar algunos de los instrumentos incluidos en cada uno de los PERTE por el gran volumen de las ayudas. En el caso del proyecto de las renovables y el hidrógeno, el Gobierno sólo pedirá a Bruselas la aprobación de las ayudas para los grandes proyectos de almacenamiento eléctrico o para impulsar los clústeres del hidrógeno.

DESPLIEGUE DE FONDOS

“La Comisión Europea aprobó nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el pasado julio. Y en estos meses ya llevamos aprobados tres proyectos estratégicos de alto impacto”, sacó pecho esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aprovechó para replicar a las críticas y las dudas sobre el ritmo de despliegue de los fondos europeos del Plan de Recuperación. “No sé si somos más o menos lentos, pero lo que es indiscutible es que somos los primeros de Europa”.

Desde el Gobierno se presume que España está a la cabeza de la Unión Europea en el despliegue de los fondos europeos. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 se contemplaban por adelantado inversiones por importe de casi 24.200 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, concretó esta semana que hasta ahora ya se ha autorizado el 73% de los fondos previstos para este año (unos 17.700 millones) y se ha comprometido el 64,5% de la inversión (unos 15.600 millones), pero no actualizó la evolución de la ejecución real -el dinero que efectivamente a llegado a su destino- de estos fondos.

El último dato de ejecución real de los fondos europeos publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) era el correspondiente a final de agosto, y entonces sólo se confirmó que se habían gastado 104 millones de euros. Además, dentro de esos cerca de 15.600 millones comprometidos se incluyen los 11.000 millones distribuidos entre las comunidades autónomas y otros 3.000 millones entre ayuntamientos, lo que no quiere decir que se hayan ejecutado de manera efectiva.

“El Plan de Recuperación contempla el periodo 2021-2026, no se trata de ejecutar todo en un mes. Estamos acelerando el despliegue”, sentenció Calviño. La vicepresidenta subrayó que España ha conseguido acelerar notablemente el despliegue en la segunda mitad del año y que el país alcanzará la “velocidad de crucero” en la ejecución en 2022.